Las competencias de tráfico son las de mayor peso político y las que tendrán una incidencia más directa sobre los ciudadanos de las atribuciones previstas por el Ejecutivo en el proyecto de ley que en las próximas semanas elevará al Parlamento. La intención es que el cuerpo policial comience a operar en esta legislatura, que finalizará en octubre del 2005.
La Xunta pretende triplicar los 400 miembros de los que dispone ahora en la unidad que la policía nacional adscribió a Galicia en 1991. De este modo, el cuerpo policial autonómico contará en el plazo de tres años con 1.500 agentes, una dotación próxima a la que tiene ahora Cataluña (1.863). De ese total, 700 se dedicarán al control y vigilancia del tráfico.
El nuevo cuerpo autonómico integrará a los policías que forman parte de la unidad actual y a los que deseen incorporarse de forma voluntaria. En este sentido, la Xunta ofrecerá a los 680 agentes que la Guardia Civil de Tráfico tiene destinados en las cuatro provincias su inserción en la plantilla autonómica. El modelo policial gallego prevé integrar en una misma carrera policial a agentes autonómicos y locales.
Fraga ya informó de las intenciones de su Gabinete al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, a quien entregó, el pasado día 6, una amplia documentación con las demandas de Galicia para elevar su techo competencial. Fuentes del Ejecutivo, que ya ha mantenido contactos con sindicatos policiales, aseguran que ese trasvase de efectivos de Tráfico no representará ningún obstáculo para que, a partir del 2006, la policía gallega ordene el tráfico y patrulle la red viaria del país.
5.700 muertes desde 1993
La Xunta podrá diseñar, aplicar y velar por el cumplimiento de su propia política de seguridad vial, para frenar una sangría que en los últimos once años se ha cobrado 5.700 vidas en las carreteras y núcleos urbanos de Galicia. La red viaria gallega es el escenario de una de cada diez muertes que tienen lugar en las carreteras españolas.
