PILAR CAMPO 19/10/2003

El endurecimiento de las sanciones de circulación para reducir la siniestralidad en las carreteras no será una medida eficaz si el Gobierno no articula los medios para que la filosofí­a que preside el nuevo Plan de Seguridad Vial, que entrará en vigor en enero de 2004, se pueda aplicar en la práctica.

Bajo esta premisa, la Unión Profesional de Guardias Civiles (UPGC), única asociación profesional que integra a agentes en activo, supedita el éxito de las 19 medidas aprobadas por el Gobierno para su incorporación al nuevo Plan de Seguridad Vial a la articulación de estos medios.

"De qué sirve que se apruebe la inmovilización del coche en el depósito cuando el vehí­culo circula sin seguro si la Guardia Civil no tiene instalaciones para su depósito y ya en la actualidad tenemos que recurrir a gruistas?", inquiere el portavoz de la UPGC. La asociación ve "positivas" todas las iniciativas que se aprueben encaminadas a atajar la elevada cifra de accidentes que se producen a diario en las carreteras, pero esto no es óbice para que estime que las medidas recién aprobadas sean todaví­a escasas.

"La ley no cabe duda que contempla medidas que pueden contribuir a bajar la tasa de siniestros y está claro que todas las medidas de carácter coercitivo retraen a los conductores, pero las vemos insuficientes porque se ha atribuido mucha responsabilidad al conductor y también hay fallos de la administración", explica el presidente.

ALCOHOL Y DROGAS

La UPGC considera que en materia de seguridad vial deberí­an implicarse todos los sectores. Por ello, propone que los fabricantes de vehí­culos incluyan en sus modelos más medidas de seguridad tanto activa como pasiva. "Hasta ahora los fabricantes sólo ofertan estas medidas para los modelos de la gama alta. Otra situación ilógica es que haya vehí­culos que superen los 190 kilómetros por hora por autopista, cuando no puede sobrepasar los 120". La relación de la accidentalidad con la droga y el alcohol está clara, pero a juicio de la Unión Profesional habrí­a que propiciar que los centros hospitalarios mantuvieran una colaboración más estrecha con la Guardia Civil para facilitar las pruebas que permitan detectar la impregnación de alcohol en sangre nada más ser interceptado el conductor. "Tal y como están las cárceles de saturadas no sé cómo se va a articular esta medida de enviar a la cárcel a los conductores ebrios. A ello se añade la dificultad que encontramos a veces para que hagan las pruebas en el momento", advierte la UPGC.