El alto tribunal confirma que el Estado tendrá que
indemnizar con 5 millones de pesetas (30.050
euros) a la viuda y los cuatro hijos de un hombre
que murió el 1 de mayo de 1992 en una salida de
la autopista A-7, en Castellón, pese a reconocer
que la causa determinante del siniestro fue la
excesiva velocidad del turismo, como lo
acreditaron las huellas de frenado y la
manifestación de otro de sus ocupantes. El coche
iba conducido por el hombre que falleció.
El Supremo entiende que hubo "conexión de
causa a efecto entre el actuar de la Administración
y el daño producido, por el lugar donde se produjo
el mortal accidente".